Fiscalía inicia pesquisa por fraude y suspensión de software: afectación alcanza a 22 instituciones públicas

Santiago, julio de 2025. 

La Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, liderada por la fiscal Ximena Chong, abrió una investigación por presunta estafa luego de la suspensión de licencias de software Office adquiridas a la empresa Salaam por al menos 22 organismos públicos, incluyendo el Tribunal Constitucional (TC), el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Metro de Santiago, Cochilco y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).

La causa fue iniciada tras una denuncia formal del Tribunal Constitucional, que cuestionó el incumplimiento contractual de Salaam y el perjuicio fiscal derivado del servicio no entregado en su totalidad.Según registros preliminares, el contrato contemplaba 171 licencias de Microsoft Office por más de 47 millones de pesos, pero la prestación del servicio fue intermitente e eventualmente suspendida.

🧭 Impacto y riesgos principales

• La suspensión del software generó una interrupción crítica en servicios institucionales básicos, incluyendo procesos judiciales, migratorios y operativos del Metro.

• Se estima que el perjuicio económico para las arcas fiscales podría ascender a cientos de millones de pesos, aunque aún no ha sido cuantificado oficialmente.

• El mismo Sermig presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para garantizar continuidad operativa frente al riesgo de fallo del sistema.

  
  

🛡️ Reflexión desde Pallavicini

Este caso evidencia fallos serios en la gobernanza tecnológica institucional y en la gestión de proveedores, y constituye una llamada de atención sobre prácticas contractuales y operacionales que requieren revisión urgente. Recomendamos:

1. Revisar contratos tecnológicos con rigor técnico y legal, incluyendo cláusulas SLA, penalidades y planes de contingencia.

2. Evaluar riesgos de dependencia operativa frente a proveedores externos, asegurando que puedan activarse proveedores alternativos sin disrupción crítica.

3. Establecer gobernanza contractual robusta, incluyendo auditorías periódicas y seguimiento del rendimiento del proveedor.

4. Reforzar políticas de continuidad operacional (BCP/DRP) en organismos que prestan servicios públicos esenciales.

5. Capacitación y coordinación interinstitucional asegurando respaldo operativo inmediato en caso de corte de servicios estratégicos.

   
   

Este episodio no solo representa un reproche legal, sino una exposición pública de vulnerabilidades institucionales.Desde Pallavicini reafirmamos nuestra misión: asesorar a organizaciones públicas y privadas para que ningún contrato tecnológico se transforme en punto único de falla operativa.